Holocausto del Palacio de Justicia: 25 años buscando la verdad
La toma y retoma del Palacio de Justicia tuvieron lugar el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Foto: Wikimedia Commons
Hace 25 años ocurrieron los trágicos hechos del Palacio de Justicia y por las vidas que cobraron esas 28 horas de enfrentamientos, así como por quienes aún están desaparecidos, sólo una persona ha sido condenada y dos uniformados más fueron destituidos de sus cargos.
Por: Katherine Loaiza/Terra.com.co
Pasadas las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un grupo de 28 guerrilleros del comando Iván Mario Ospina del M-19, entró al Palacio de Justicia. Su objetivo era hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur porque les había fallado, según ellos, en los diálogos de paz. La operación se llamaba ‘Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’.
No tuvieron que esforzarse demasiado. La seguridad policial del Palacio había sido retirada y apenas unos guardas cuidaban a los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Siete guerrilleros más ya habían entrado desde hacía una hora, vestidos de civil, para avisarle a los demás que no había Policía ni detectores de armas en la entrada.
Lo que sucedió durante las 28 horas que tuvieron lugar tras la arremetida de los 35 miembros del M-19, todavía es materia de investigación y en muchos casos incluso se desconoce por completo la procedencia de los disparos, la causa de las muertes y la desaparición de varios civiles inocentes.
Desde hace 25 años las familias de las personas que murieron en el interior del palacio, así como de los 11 que desaparecieron y de los que aún no se sabe nada, están pidiéndole a la justicia que les dé la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos.
Sin embargo, en estas dos décadas y media sólo una persona ha sido condenada y dos más fueron destituidas de sus cargos. 35 guerrilleros murieron en los hechos, una más está desaparecida (Irma Franco) y sólo una salió con vida y vive en el exilio (Clara Elena Enciso).
LOS PROCESOS ABIERTOS
Un total de 19 procesos, entre disciplinarios y judiciales, han sido abiertos a lo largo de los 25 años de ocurridos los hechos. Incluso pocos meses después, el entonces presidente Belisario Betancur a través de un decreto creó el Tribunal Especial de Instrucción que debía investigar lo ocurrido, utilizando a los jueces que considerara necesarios y posteriormente entregar un informe.
Aunque este tribunal no profirió ninguna condena, sí le atribuyó –en un concepto emitido el 31 de mayo de 1986- toda la culpa a los guerrilleros del M-19, advirtiendo además que habían ocurrido muchos hechos irregulares que podrían ser responsabilidad del Ejército.
CONTRA LOS GUERRILLEROS
El juzgado 30 de Bogotá abrió un proceso contra los guerrilleros que estuvieron dentro de la toma, así como contra los altos mandos de ese grupo insurgente, todos por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y secuestro.
En 1989 el presidente Betancur abrió un proceso de amnistía contra el M-19 y todos los incluidos en la investigación quedaron amnistiados, después de haber enfrentado uno a uno, procesos por separados para quedar absueltos por sus delitos.
CONTRA LOS MILITARES
La Corte Suprema de Justicia investigó y dejó prescribir el caso contra el general de la Policía Nacional Víctor Alberto Delgado Mallarino ya que supuestamente había hecho caso omiso a la orden del consejo de ministros de cesar el fuego en el cuarto piso (donde estaba el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía).
Después de que fueran encontrados en un cementerio del sur de Bogotá, los restos de Ana Rosa Castiblanco, una de las desaparecidas del Palacio de Justicia, el entonces fiscal General Mario Iguarán ordenó que se reabriera la investigación por las personas que habían salido con vida y nunca más se había vuelto a saber de ellas.
Cinco años después, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, profirió resolución de acusación contra varios miembros retirados del Ejército por las desapariciones: el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano; capitán (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; el sargento viceprimero (r) Luis Fernando Nieto Velandia; el sargento viceprimero (r) Ferney Ulmardin Causaya y el sargento segundo (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez.
En febrero de 2008, la acusación fue contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega y en 2009 contra el general (r) Iván Ramírez Quintero; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez y el sargento (r) Gustavo Arévalo. La investigación contra el general retirado Rafael Samudio Molina fue cerrada y actualmente todos los casos, excepto el del condenado Plazas, están en curso ante el juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.
Alfonso Plazas Vega fue ya condenado a 30 años de prisión por la Juez Tercera Penal Especializada del Circuito -quien posteriormente tuvo de irse del país por amenazas.
Con la órden de ponerlo en prisión, la juez determinó que Plazas es responsable por la desaparición de once personas que él custodió en la Casa de Florero. Con ello el mundo recordó la frase que le repetía a los medios de comunicación durante esos dos días a las afueras del Palacio de Justicia: "mantener la democracia maestro, aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes".
PRESIDENTE BETANCUR
Aunque la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió dos procesos contra el presidente Betancur por su presunta responsabilidad en la arremetida militar desproporcionada, sin exigirle a los uniformados que respetaran la vida de los civiles, ambos fueron archivados.
LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
Las sanciones disciplinarias en 25 años han sido tres y una de ellas fue revocada por el Consejo de Estado en 2005, la destitución fue contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de las dos guerrilleras que salieron vivas de Palacio: Irma Franco y Clara Elena Enciso; así como por tortura y por no proteger la vida de los civiles al interior del recinto de la justicia.
Por el mismo caso fue destituido el coronel Ediberto Sánchez Rubiano.
Otro de los destituidos fue el teniente coronel, Javier Arbeláez, a él se le acusa de haber ordenado el retiro de la seguridad del Palacio de Justicia.
LAS PROMESAS PRESIDENCIALES
Durante los actos de conmemoración de esos hechos, el presidente Juan Manuel Santos firmó un compromiso con los familiares de las víctimas y los desaparecidos, de encontrar la verdad por dolorosa que sea.
“De parte de este Gobierno —como lo he dicho ya tantas veces— existe un compromiso inequívoco de respetar la autonomía e independencia del poder judicial, y de brindar las garantías para su adecuado funcionamiento”, aseguró el mandatario invitando a que se tenga en cuenta el informe final de la Comisión de la Verdad, que cuenta con 325 páginas de lo que pudieron rescatar de los hechos ocurridos esos dos días.